En el momento de redactar esta opinión sobre el proyecto de reformas a la Ley de Abastecimiento, presentado por el gobierno, se desarrolla en el recinto del senado la maratónica sesión a la que se la tituló como “el supermiércoles”. Comenzó a las 11 hs del miércoles 03 de septiembre y se extendería hasta las 4/5 de la mañana.
Se está debatiendo sobre estas reformas a la Ley de Abastecimiento, que fue sancionada el 20 de junio de 1974 y la llamada Ley de Pago Soberano de Deuda. La voluntad oficial es sacar una media sanción en ambos casos, de allí la extensión de la sesión. La oposición se rechaza ambos proyectos.
En el caso del cambio de domicilio de pago de la deuda, fue modificada la propuesta original, agregando la posibilidad de alguna plaza del exterior que se sumaría a Buenos Aires. De cualquier manera, el FPV cuenta con los números de bancas necesarios para aprobar las dos leyes. En lo que respecta a la Ley de Abastecimiento, el “Grupo de los Seis” -que nuclea a un importante sector empresarial- anunció que, de prosperar la iniciativa oficial, " confirman su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en este proyecto”.
Se estima que las reformas propuestas para esta ley otorgarían la concentración del poder de control al ejecutivo para fijar precios máximos y actuar en consecuencia para que estas decisiones se cumplan obligando a los empresarios, expropiando mercaderías y activos. Esa es la opinión del mercado lo cual agregan los empresarios: “hay la incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, donde el estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado. Pero el proyecto no cumple esos objetivos sino que establece la intervención directa del estado en la economía y en las empresas fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención. Estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional, al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76".
En los fundamentos del gobierno, la propuesta tiene como objetivo controlar la suba de los precios ampliando los derechos de los consumidores. La postura de la oposición y de los actores económicos está sustentada en la creencia que la sanción de este instrumento profundizará el deterioro económico.
Como siempre, tironeos de uno y otro lado. Es como el carro con un caballo que tira para adelante y otro que tira para atrás. Resultado lógico, sencillo y científico: el carro no avanza. Peor aún, pareciera que los dos caballos se unen para arrastrar al carro para atrás. Lamentablemente es hacia donde se dirige nuestro país por responsabilidad de todos, del caballo que debe conducir para adelante y del otro que no lo deja. Oficialismo y oposición deberían tirar para el mismo lado. Para el lado del crecimiento y del fortalecimiento como sociedad y como nación.
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