Editorial

La Ciudad de Buenos Aires protagoniza un proceso de transición hacia la plena vigencia del sistema institucional de las comunas.

Es indispensable que este proceso promueva el fortalecimiento de las identidades sociales y culturales de todos y cada uno de los barrios que las integran y ayude también al despliegue de la potencialidad de las organizaciones sociales.

Consideramos que la puesta en marcha de este mecanismo de descentralización política y participación social ayudará a la solución de los problemas concretos que viven los vecinos de la ciudad.

En ese sentido, las comunas tienen que estar dotadas de las facultades legales y los recursos económicos necesarios para su eficaz funcionamiento. La asignación de los fondos presupuestarios imprescindibles para el cumplimiento de su misión es una condición insoslayable para que las comunas sean efectivamente un ámbito de decisión y no un mero foro deliberativo.

Rechazamos tanto los intentos de convertir a las comunas en meros apéndices del gobierno local como su trasformación en ámbitos para el desarrollo de un asambleísmo desgastante que ahuyente el protagonismo de las instituciones sociales y de los vecinos.

La complejidad de la gestión pública aconseja llevar el lugar de las soluciones lo más cerca posible del lugar de los problemas. Esto significa promover la participación en las decisiones de todos los actores sociales involucrados y de cada comunidad local. Por eso consideramos que la puesta en marcha de las comunas ha de constituir un paso enormemente positivo para el fortalecimiento del sistema democrático.

No se trata de subestimar las responsabilidades indelegables que competen al gobierno de la ciudad en áreas críticas como Educación, Salud Pública, Seguridad y Medio Ambiente. Pero en todos los ámbitos de gestión local corresponde incentivar la participación a través de las distintas instancias comunales  y de un adecuado funcionamiento del Consejo de Coordinación Intercomunal.

La constitución de las juntas comunales significa un antes y un después en la vida de nuestros barrios. Convocamos a toda la ciudadanía sin distinción de banderías partidarias, a asumir como propio este desafío para generar los consensos necesarios para la definición de un proyecto compartido, cuya ejecución trascienda en el tiempo y el lapso de una gestión.

La exigencia de cabal cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional, y la consiguiente demanda de trasferencia de las facultades y competencias del Estado Nacional hacia el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad urbana, de justicia, de transporte, de servicios portuario, de residuos y de regulación de los juegos de azar, así como la discusión acerca del régimen de coparticipación federal, nos ubican claramente junto a todas las provincias argentinas en la búsqueda de una descentralización del poder político y económico y el rechazo a las imposiciones de este verdadero Estado Unitario vigente en la Argentina de hoy.

La ciudad de Buenos Aires no es una isla que puede desenvolverse a espaldas de la Nación. Todo lo contrario como capital de todos los argentinos tiene que concebirse a sí misma como una herramienta del país y un símbolo de la presencia y la relevancia de la Argentina a nivel regional y mundial. En particular su destino está íntimamente vinculado con el conurbano bonaerense, cuyas gigantescas carencias en materia de infraestructura social contribuyen a saturar la capacidad de los hospitales públicos de la ciudad y de otros servicios indispensables. La efectividad de las políticas públicas de la ciudad de Buenos Aires exige entonces su articulación con la de los municipios vecinos a través de un Plan Estratégico común, capaz de guiar la gestión de las distintas autoridades locales.

Gobernar la ciudad de Buenos Aires exige no sólo capacidad de gestión sino también, y fundamentalmente, una clara visión de largo plazo. No es tarea para aficionados, porque no sólo requiere conocimiento técnico y eficacia gerencial sino una mirada estratégica, voluntad trasformadora y aptitud política para afrontar los conflictos y traducir esa formulación en los hechos.

Ese es el punto de partida para la construcción de un gran proyecto nacional. Así podremos forjar la gran alternativa política superadora que nos permita otra vez encarnar el camino de la esperanza.