Con la llegada de Gerardo Morales al gobierno de Jujuy, la provincia dio un giro de 180 grados con respecto a las cuestiones institucionales y a los manejos de las mismas. En la norteña provincia se acabó la impunidad y el estado se encuentra al servicio de todos –y no de unos pocos–.
Nadie creía que Jujuy podía cambiar. Ninguna fuerza no peronista logró llegar al gobierno en toda la historia, hasta el año pasado. Gerardo Morales, tras largos años de trabajo en dicha provincia, logró romper con la hegemonía y se impuso por un amplio margen al candidato del Frente Para la Victoria. Y ese margen, esa gran legitimidad popular, le permite al ex senador poner las cosas en su lugar, con medidas concretas que se acercan al corazón de los inconvenientes.
Y para prueba de esto, nos debemos fijar en el mayor problema que tenía Jujuy: la tercerización de los fondos estatales y sociales a manos de Milagros Sala y su organización, la Tupac Amaru. Esto trajo aparejado gravísimas denuncias de corrupción, entre las cuales se encuentra una que acusa al Instituto de la Vivienda de Jujuy y a diferentes organizaciones sociales (entre ellas la Tupac Amaru) de no ejecutar presupuestos y de no explicar un faltante de 29 millones de pesos.
En Jujuy se acabaron los privilegios cuando Morales determinó que los beneficiarios de planes sociales y cooperativistas que decidieron empadronarse recibirán la ayuda por parte del estado y no por intermediarios, como lo era anteriormente, para repartir a gusto a quienes considerasen ellos. A Milagros Sala se le terminó el negocio.
No importó que ella, junto con sus militantes, entre otras organizaciones, acamparan durante semanas frente a la casa de gobierno para intentar evitar que se termine ese negocio. El gobernador puso a las instituciones arriba del escritorio, y hoy Sala está detenida por el impedimento a las funciones del estado, la obstrucción de la vía pública y la instigación a cometer delitos.
Pero el gobernador fue más allá y también comenzó la investigación de Sala por enriquecimiento ilícito ¿Alguien se puede explicar cómo una militante social pasó a tener un patrimonio declarado de casi 1 millón setecientos mil pesos, dos casas, dos autos y casi 120 mil pesos en cajas de ahorro?
Es, cuanto menos, complicado de comprenderlo.
Por otra parte, Morales también se defendió (y con justa razón) de las acusaciones que le vertieron acerca de que Sala es una presa política. No, señores. Sala está donde está porque cometió delitos comunes. Presos políticos son los que hubo en Venezuela, quienes por pensar diferente eran puestos tras las rejas.
Jujuy necesitaba coraje para desentramar el armado político que gobernó durante la última década allí. Y el gobernador demostró que está a la altura.
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